martes, 29 de diciembre de 2015

20N – TRES AÑOS DE UN IMPUESTO REVOLUCIONARIO LLAMADO “ Tasas Judiciales”

El pasado 20 de noviembre se publicó el siguiente artículo en el digital cronicaglobal.com y que ahora reproducimos en nuestro blog

20N – Tres años de un impuesto revolucionario llamado “ Tasas Judiciales”

Hoy viernes 20 de noviembre tenemos el dudoso placer de celebrar el tercer aniversario del impuesto revolucionario de acceso a la Justicia, llamado “Tasa Judicial” que tuvo a bien establecer el Ministro Gallardón y mantener el Ministro Catalá.

Y digo que tuvo a bien, porque dicho impuesto apareció “casualmente” en el momento de auge de las demandas civiles de los ciudadanos por las clausulas suelo de los préstamos hipotecarios, y “casualmente” coincidió con la táctica de no cubrir las plazas vacantes de jueces con los llamados jueces sustitutos (jueces eventuales), provocando el colapso de esos mismos Juzgados.

El pasado 23 de octubre, en un Seminario de activismo pro Justicia de la Universidad Complutense, uno de los ponentes preguntó si conocíamos la lucha contra las tasas judiciales en redes sociales. La parte buena es que la conocían, la mala es que la entendían  como “algo de los abogados” pero que a ellos no les afectaba

Y es que, a veces nos olvidamos de explicar qué es Justicia y la afectación que la misma tiene en el día a día de todos y, entramos en un bucle en el que algunos pierden de vista lo importante, que son las personas destinatarias de Justicia, no los políticos, ni los Ministros, ni los sindicatos, ni Colegios, ni instituciones varias, sino los destinatarios, las personas y sus derechos civiles.

Por poner un ejemplo de las consecuencias de las tasas, imaginemos que tenemos un conflicto con nuestro banco. Que no llegamos a ningún acuerdo para la eliminación de la clausula suelo de nuestra hipoteca. Que, el banco, conocedor del impuesto y el colapso de los Juzgados, nos dice “pues reclame Vd. judicialmente”.

Que contratamos a un abogado y un procurador y, entonces es cuando nos enteramos que para pedir el auxilio de la Justicia, ese auxilio reconocido en nuestra Constitución, debemos abonar íntegramente el importe de la tasa judicial y previo a la presentación de la reclamación.

Aún así decidimos seguir adelante, y presentamos la demanda y nos encontramos con un Juzgado colapsado, por falta de medios tanto personales como materiales, porque ni se cubren las plazas (bajas, permisos, vacaciones, etc) ni se dota de material al Juzgado.

Y finalmente obtendremos una Sentencia que nos estimará nuestra petición de la eliminación de la clausula suelo pero, con suerte, unos dos años después de su interposición, mientras hemos seguido abonándola religiosamente……

La realidad es que contribuimos a las arcas del Estado, abonando el IRPF, hemos abonado unas tasas para el acceso a la Justicia y el resultado no es ni como mínimo satisfactorio, el importe recaudado en este último caso, unos 700 millones de euros (cifras de hace un año) no han sido destinados a Justicia, y no sólo no se han destinado sino que se desconoce su destino último

Gracias a la presión realizada en redes sociales de cientos de juristas y no juristas, de ciudadanos, de asociaciones de jueces, fiscales y secretarios, de funcionarios de justicia, y, sobre todo, de abogados, y por la proximidad de unas elecciones municipales, a principios de año el Gobierno aprobó establecer unas exenciones (que no derogación de la Ley de Tasas) para personas físicas y autonómos, pero manteniendo el impuesto para las Pymes y Ong’s.

Véase que digo exención, en lugar de no sujeción, y el concepto no es baladí. Y en este sentido, cuando hablamos de exención, el hecho imponible se genera, pero la obligación tributaria no llega a nacer. El hecho está sujeto, pero una norma establece que no nazca la obligación tributaria. En el segundo caso, el hecho imponible no llega a nacer, el hecho no está sujeto.

Y esa es la trampa de la exención, que supone que en cualquier momento puede modificarse y eliminar esa exención y volver a aplicar ese impuesto revolucionario de las tasas judiciales para las personas físicas. Y de qué depende, nos preguntaremos, pues depende de la propia voluntad del Gobierno, y que sólo por encontrarnos en un año electoral y aparecer la Justicia en campaña han preferido calmar las aguas provisionalmente.

La imposición de un impuesto para ejercer un derecho reconocido en nuestra Constitución, no puede ser entendida más que como una traba para el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos

Y nuestros derechos civiles se han visto mermados, no sólo con la imposición de un impuesto, sino con otras acciones como por ejemplo:

.- una ingente actividad legislativa llevada a cabo en los últimos meses, con una desaforada celeridad por parte del Gobierno, que ha llevado a aprobar reformas legislativas no ya sin el consenso de los operadores jurídicos, sino con su unánime oposición.

Oposición que viene dada por cuestiones tan graves como la limitación de la instrucción de las causas penales a 6 meses, sin aportar medios ni materiales ni personales, pudiendo provocar que temas de corrupción queden cerrados en falso, o la modificación de los requisitos de los beneficiarios de Justicia Gratuita reduciendo las personas que puedan tener acceso;  la pretendida digitalización de la Justicia, los expedientes no se verán pero seguirán existiendo los colapsos en los archivos digitales (eso si se se dotan a los Juzgados de ordenadores que no sean antidiluvianos), y una larga lista que aburriría al lector

.- un recorte constante tanto de medios materiales como de personal, que provocan un deterioro tal de la Justicia que provoca en el ciudadano el arraigo del concepto de una Justicia deficiente, con una evidente intención de justificar ante él una futura privatización de la misma.

Recortes como la desaparición de las Oficinas de Atención a las Víctimas, dejándolas sin asistencia en las guardias, o la no cobertura de vacantes de jueces de Violencia de Género, teniendo durante el mes de agosto decenas de Juzgados sin Juez, o la no dotación de equipos psico-sociales adscritos a Juzgados de Familia que provocan la dilación de procesos de custodia al tener demoras de hasta un año para la obtención de informes técnicos

Privatización como la pretendida del Registro Civil, pendiente todavía en la agenda del Gobierno, que conllevaría no sólo el pago de la inscripción por nacimientos, matrimonios o defunciones, sino el no control judicial de nacionalidades, de modificación de nombres y apellidos, de una ingente base de datos personales de todos los ciudadanos.


Todos deberíamos exigir que la Justicia fuera pieza clave y fundamental en los programas de los partidos políticos, que exigiéramos una Justicia independiente, con medios y accesible a todos para evitar que pongan en jaque la Justicia, porque, como ya posteaba hace un año Susana Gisbert, Fiscal y miembro de UPF, la Justicia ni se compra ni se vende ni ha de tener un precio el ejercicio de los derechos que emanan de nuestra Constitución.

Sonia Reina